El Gobierno Municipal está compuesto por el Distrito Nacional, 158 Municipios y 231 Distritos Municipales (los Ayuntamientos o Alcaldías).

La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 establece que el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación debe ser destinado a los Ayuntamientos del país.

Durante el 2018 los cabildos estuvieron recibiendo un 2.23% del PIB. En el Presupuesto Nacional para el año 2019, se le otorga un 2.99%.

Es decir, los Ayuntamientos están percibiendo un 7.1% menos de lo que establece la legislación que traza los lineamientos para la distribución de los recursos públicos a las instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas.

Sin lugar a dudas, de esta transgresión a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, por parte del Gobierno Central,  se desprenden las violaciones a las siguientes legislaciones, esta vez, por alcaldes y directores de Juntas Municipales.

Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Ayuntamientos, Ley 170-07 sobre Presupuesto Participativo, Ley 120-99 sobre la Recolección y Disposición final de los Desechos Sólidos en los municipios, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios Públicos, entre otros ordenamientos legales.

Debo dejar claramente establecido que no es excusa para un funcionario municipal, sustraer o malversar los dineros públicos por que el Gobierno Central no le entregue la cantidad que manda el ordenamiento legal.

A mi juicio la mala administración en los Ayuntamientos se basa en tres factores; primero, en el débil o ningún conocimiento gerencial que posee el 90% de los alcaldes del país; segundo, en el manejo clientelar   que se le da a los recursos del Gobierno Municipal; tercero, y es para mí el más importante, la incapacidad del Ministerio Público para investigar y someter a la justicia a quienes cometen acciones dolosas contra los bienes públicos.

Aquí voy a establecer un ejemplo, Ayuntamiento de San Cristóbal, alcalde Nelson Guillén.  En el 2017 varios concejales denunciaron que el Ejecutivo Municipal, ordenó mediante una carta enviada al Concejo de Regidores, aprobar contratos por un monto superior a los 82 millones 700 mil pesos (RD$ 82, 700,000), sin licitación, en violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

También,  este año 2018, el concejal Elvis Rosario denunció que la administración local tomó un promedio de ocho millones de pesos de la Seguridad Social de los Empleados para ser utilizados en el pago de dieta de viajes y otros servicios, entre otras denuncias de irregularidades.

Esta es sólo una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional, donde los alcaldes se creen dueños de los presupuestos que manejan, porque no se investigan esas denuncias y no pasa nada.

Por Rafael Lara